Eduardo Sangermano: "Confío en que se cuidará la solvencia de las compañías de seguro"

Como sus colegas de la actividad aseguradora, Eduardo Sangermano, gerente general de San Cristóbal Seguros Generales, vivió este año un octubre bastante atípico. La diferencia con otros años, cuando los directivos del sector esperaban la participación de funcionarios en el cóctel tradicional por el Día del Seguro -que se celebra el día 21 de ese mes-, esta vez fueron ellos los convocados a la Casa de Gobierno, días antes del brindis. El motivo fue la presentación oficial del Plan Nacional Estratégico del Seguro 2020 (Planes), que compartió escenario con el anuncio presidencial de la reforma del marco regulatorio del mercado de capitales.

Del acto en el Museo del Bicentenario, los empresarios se llevaron enunciados de medidas que en el futuro podrían impulsar un crecimiento. Y una definición concreta no atada a ese objetivo: desde ahora, deben colocar como mínimo entre un 5 y un 12% de sus inversiones (según el ramo de cobertura) en proyectos productivos o de infraestructura, mediante instrumentos que se aprueben desde el Gobierno.
Días después del anuncio, desde las oficinas que el grupo asegurador de origen rosarino tiene en la porteña avenida Córdoba, Sangermano se muestra confiado en que habrá recaudos para que esa exigencia no afecte la solvencia de las compañías, que deben respaldar con sus inversiones su capacidad de pago. "La Superintendencia de Seguros no podría avalar que invirtamos en algo por lo cual después nos vaya a reclamar", afirma el directivo, que también preside la Asociación de Aseguradores del Interior (Adira), una de las cinco gremiales empresarias del sector.
San Cristóbal, con una producción de pólizas que en el último anual -cerrado el 30 de junio- llegó a los $ 1710 millones en todos los ramos, ocupa el tercer lugar en el ranking de aseguradoras de autos, un negocio que representa el 75% de la cartera.
Para crecer de acá en más, dice Sangermano, harán su aporte las medidas previstas respecto de seguros agrícolas obligatorios y de un nuevo producto de retiro, que actuaría como un complemento de la jubilación dados los bajos niveles de tasas de sustitución de haberes con los salarios. Son dos medidas que, por ahora, forman parte de las conversaciones del empresariado con el Gobierno.
-¿Qué opina de la imposición de un mínimo para invertir en activos que definirá el Gobierno?
-Hay un redireccionamiento de las inversiones que es posible. El anuncio involucra unos 7000 millones de pesos. El sector tenía al 30 de junio unos 65.000 millones en inversiones, con un 40% en títulos públicos y otro 25% en plazos fijos. Con YPF ya hay algo invertido en el nuevo inciso.
-Si el Estado pone un piso para inversiones que no fueron hasta ahora las elegidas, ¿no se teme que sean de mayor riesgo?
-Yo tengo manera práctica de pensar: en la elaboración del Planes siempre se dijo que las inversiones deben tener la liquidez, la solvencia y la seguridad para darle respaldo a la actividad. En el comité de elegibilidad está la Superintendencia de Seguros, que, en la práctica, no podría avalar que invirtamos en un proyecto por el que después nos vaya a reclamar como organismo que debe controlar la solvencia.
-¿No podría pensarse que con la medida se privilegia otra cosa antes que la solvencia?
-No. El Planes tiene cuatro ejes estratégicos: un objetivo de participación del sector en el PBI; el diseño de nuevos productos; la solvencia y el control de la actividad. Con lo cual el tema solvencia está en dos de los ejes estratégicos.
-¿La responsabilidad de la aseguradora no se puede diluir si no pudo resolver en un 100% cómo disponer de sus reservas?
-No lo creo. Si me guío por la operación de YPF, hubo una salida al mercado con obligaciones negociables a tasas de mercado; nosotros compramos porque la inversión tenía la rentabilidad adecuada.
-Se eliminó la obligación de invertir en instrumentos con una calificación mínima de riesgo de BBB, ¿comprarían en San Cristóbal papeles no calificados?
-Es una buenísima pregunta, hasta ahora lo teníamos como un indicador muy importante. Ahora, si los instrumentos para fines productivos se emitieran sin calificación, eso no importaría tanto si es el propio Estado el que los emite. Sería algo asimilable al bono que ya compro.
-¿Cómo ve que en el comité que debe evaluar las opciones esté el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno?
-No sé por qué lo habrán decidido así. No tengo opinión y como sector hasta ahora no hemos tenido contacto con la Secretaría. Pero como garantía de que se cuida la solvencia, está la Superintendencia.
-En el Planes hay varias medidas en estudio, ¿esperaba para el día del seguro que se anunciaran otras, dirigidas al crecimiento?
-Se difundieron objetivos y falta consensuar aspectos de la implementación de medidas. Aún hay temas por discutir, por ejemplo, las tarifas o el alcance de medidas como los seguros obligatorios o en productos como el de un complemento jubilatorio en seguros de retiro. También hay un eje, que es el de microseguros.
-¿Cómo está el negocio de autos y qué va a pasar con los precios?
-En los últimos tres ejercicios, nosotros hemos tenido pérdidas técnicas aceptables. Para los precios, el ajuste salarial por convenio es determinante, porque definen, por ejemplo, el costo de los siniestros cuando hay reparación de casco. Los ajustes de precios tienen que ver con ese costo siniestral y con el administrativo, y están en el orden del 20 al 25% anual.
-¿Cómo está la siniestralidad?
-Este año a nivel de mercado subió en automotores y en riesgo agrícola. En autos yo miro con más cuidado la parte de daños más que el robo y, en particular, las lesiones y muertes. Porque el robo es un daño tasado, pero en lesiones y muerte todo es opinable. En el tema de accidentes hay un camino por recorrer en temas de infraestructura y controles. En Santa Fe se está trabajando con un sistema de denuncias concentradas en una ONG que se llama Sideat [Sistema Integrado de Denuncias de Accidentes de Tránsito] y los casos sin lesiones se reportan allí. Eso permite luchar contra el fraude, y de las estadísticas surgen recomendaciones para señalizar y para mejorar lo que se hace en las ciudades.
-La ley de riesgos del trabajo avanzó sobre las comisiones que se les pueden pagar a los productores, ¿cómo ve ese tema?
-Para nosotros, más del 65% de la producción es por el canal de productores; nos es imposible trabajar sin ellos. Sobre lo que dice la ley, las ART han hecho su reclamo y es positivo que hayan tomado partido. Hubiera sido más conveniente poner una pauta gradual de comisiones; yo no creo que las compañías le resten importancia a la prevención por tener un mayor costo comercial. Éste es un tema que nos preocupa como aseguradores, porque si el vendedor está contento, hay un conflicto menos.