jueves, 7 de abril de 2011

Fallo por un accidente del 2006

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La madre de un joven que murió al ser atropellado en la avenida Bustillo demandó al conductor, al dueño del auto y a la compañía de seguros, y en forma solidaria deberán indemnizarla con 151.000 pesos más intereses que suman aproximadamente otros 100.000 pesos. Antes, el juez Correccional Gregor Joos le impuso al conductor 2 años y medio de prisión en suspenso y 7 años de inhabilitación y parte de sus argumentos fueron utilizados para realizar la demanda civil, y por el juez en lo Civil y Comercial Jorge Serra para fundamentar su fallo.

El hecho que motivó ambos juicios se produjo a las 7:10 del 25 de junio de 2006 en el kilómetro 15,500 de la avenida Bustillo, cuando dos jóvenes que acababan de descender de un colectivo se hallaban sobre la cinta asfáltica, presuntamente ebrios e inmersos en una discusión, y un tercero agitaba una campera para advertir al automovilista que se acercaba al mando de un vehículo Ford Falcon rural, también con un grado de ebriedad.
El rodado conducido por Reinaldo Núñez (20) embistió a los dos primeros y les ocasionó la muerte. María Adelaida Cárdenas, madre de una de las víctimas, Rafael Alejandro Oyarzo (32), radicó una demanda por daños y perjuicios por 275 mil pesos. La otra víctima fue Carlos Quieblo Filún (26).
Núñez trató de desvincular su responsabilidad, aduciendo que no pudo ver a las víctimas. La respuesta del conductor fue acompañada también por su padre, en su condición de responsable del menor y propietario del auto embistente, y la compañía de seguros "La Mercantil Andina" argumentó que su responsabilidad estaba excluida porque la alcoholemia realizada al conductor dio resultado positivo (1,2 gramos de alcohol por litro de sangre).
El juez Serra coincidió con su colega Gregor Joos sobre la responsabilidad de Núñez, y aunque redujo en forma notable los montos solicitados en la demanda la indemnización rondará los 250.000 pesos, a los que deberá adicionar las costas del juicio y los honorarios de peritos y letrados intervinientes.