Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Standard Bank Argentina S.A. otorgaron un préstamo sindicado a Coca-Cola Polar Argentina S.A. por un monto de P$50.000.000
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Standard Bank Argentina S.A. otorgaron un préstamo sindicado a Coca-Cola Polar Argentina S.A. por el monto de Pesos Cincuenta Millones ($ 50.000.000). Coca-Cola Polar Argentina S.A. es una sociedad licenciataria de The Coca-Cola Company, para el embotellamiento, distribución y comercialización de bebidas gaseosas dentro delterritorio de la República Argentina que comprende las provincias de Santa Cruz, Neuquén, Chubut, Tierra del Fuego, Río Negro, La Pampa, y una porción de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, es una empresa controlada por Embotelladoras Coca-Cola Polar S.A., compañía que realiza la misma actividad en Chile, y que posee a The Coca-Cola Company como uno de sus accionistas.
Los fondos serán destinados a financiar los planes de mejoramiento y expansión de la capacidad instalada de la compañía en la Provincia de Buenos Aires. El préstamo sindicado tiene vencimiento final en 2013.
Analía Battaglia(socia)y Ángeles Di Girolamo (asociada)de Bruchou, Fernández Madero & Lombardi actuaron como asesor legales externos de los bancos.
Joaquín Ibañez (socio) y Pablo Cozzi (asociado) de Cibils, Labougle & Ibañez actuaron como asesores legales externos de Coca-Cola Polar Argentina S.A.
miércoles, 19 de mayo de 2010
RESOLUCION 35.057 - SSN
La SSN cancela la inscripción de PADANA ASSICURAZIONI S.P.A. en el Registro de Entidades de Seguros y Reaseguros, entidad inscripta bajo el número 753.
RESOLUCION 35.057 - SSN
La SSN cancela la inscripción de PADANA ASSICURAZIONI S.P.A. en el Registro de Entidades de Seguros y Reaseguros, entidad inscripta bajo el número 753.
RESOLUCION 35.076 - SSN
La SSN autoriza el cambio de denominación de MAPFRE EMPRESAS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., entidad inscripta bajo el Nº 745 en el Registro de Entidades de Seguros y Reaseguros, por su actual denominación MAPFRE GLOBAL RISKS, COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
El Poder Ejecutivo Presentó Proyecto para que las Personas Jurídicas Respondan por los Ilícitos de sus Directivos
Durante el transcurso de la semana pasada, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley a la Cámara baja que pretenden modificar el Código Penal, incluyendo dentro de sus alcances la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tanto de carácter público como privado.
De acuerdo a lo expuesto entre los fundamentos de la iniciativa, mediante la modificación se busca constituir una herramienta parar hacer frente a la llamada “delincuencia de cuello blanco”, contribuyendo mediante ello a “generar seguridad, confianza y previsibilidad en la acción económico – financiera del país y en su sistema de penas y sanciones”.
La iniciativa contempla que las personas jurídicas “serán responsables penalmente por los actos u omisiones realizados por sus órganos de representación, mandatarios, supervisores u otros autorizados de hecho o de derecho en el ejercicio de la actividad empresarial organizada cuando la conducta pudiera redundar en el interés, beneficio o se realice con recursos facilitados por las mismas, o cuando la comisión del delito se haga posible por el incumplimiento de deberes de dirección y supervisión legalmente establecidos”.
Según establece el proyecto en el texto que se incorporaría como 35 ter al Código Penal, tales actos u omisiones serán considerados como realizados directamente por las personas jurídicas, aun cuando el acto jurídico determinante de la representación o del mandato sea ineficaz o aparente, fijando que “las sanciones a personas jurídicas podrán aplicarse aun en el caso de quienes hubieren actuado en su nombre, representación, interés o beneficio, no resultarán condenados, siempre que el delito se haya comprobado”.
En caso de aprobarse la iniciativa, las personas jurídicas podrían recibir sanciones que incluyen la aplicación de multas, pudiendo llegar las mismas hasta el 33 por ciento del patrimonio neto de la entidad.
Otras de las sanciones contempladas en el proyecto consisten en la cancelación de la personería jurídica, suspensión de sus actividades, clausura parcial o total del establecimiento, pérdida o suspensión de beneficios estatales, suspensión en los registros de proveedores del Estado y la prohibición definitiva de realizar actividades en el rubro en que se hubiera cometido el delito.
De acuerdo a lo expuesto entre los fundamentos de la iniciativa, mediante la modificación se busca constituir una herramienta parar hacer frente a la llamada “delincuencia de cuello blanco”, contribuyendo mediante ello a “generar seguridad, confianza y previsibilidad en la acción económico – financiera del país y en su sistema de penas y sanciones”.
La iniciativa contempla que las personas jurídicas “serán responsables penalmente por los actos u omisiones realizados por sus órganos de representación, mandatarios, supervisores u otros autorizados de hecho o de derecho en el ejercicio de la actividad empresarial organizada cuando la conducta pudiera redundar en el interés, beneficio o se realice con recursos facilitados por las mismas, o cuando la comisión del delito se haga posible por el incumplimiento de deberes de dirección y supervisión legalmente establecidos”.
Según establece el proyecto en el texto que se incorporaría como 35 ter al Código Penal, tales actos u omisiones serán considerados como realizados directamente por las personas jurídicas, aun cuando el acto jurídico determinante de la representación o del mandato sea ineficaz o aparente, fijando que “las sanciones a personas jurídicas podrán aplicarse aun en el caso de quienes hubieren actuado en su nombre, representación, interés o beneficio, no resultarán condenados, siempre que el delito se haya comprobado”.
En caso de aprobarse la iniciativa, las personas jurídicas podrían recibir sanciones que incluyen la aplicación de multas, pudiendo llegar las mismas hasta el 33 por ciento del patrimonio neto de la entidad.
Otras de las sanciones contempladas en el proyecto consisten en la cancelación de la personería jurídica, suspensión de sus actividades, clausura parcial o total del establecimiento, pérdida o suspensión de beneficios estatales, suspensión en los registros de proveedores del Estado y la prohibición definitiva de realizar actividades en el rubro en que se hubiera cometido el delito.
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