El juez federal Claudio Bonadio consideró como irregular la intervención a Cablevisión y remitió los antecedentes a la Cámara Federal y al Consejo de la Magistratura para que se investiguen las anomalías cometidas por su par Walter Bento y la ministra Nilda Garré por incumplimiento de sus deberes.
Así, la intervención a la empresa llevada a cabo el pasado 20 de diciembre fue calificada como ilegal. Además, se sostuvo que la actuación de la ministra fue ilegítima al utilizar a Gendarmería para el allanamiento de las instalaciones pertenecientes a la compañía del Grupo Clarín.
El accionar de la ministra, según Bonadio, se llevó a cabo “sin orden judicial de la Justicia competente de la ciudad de Buenos Aires” y pasó por encima de la jurisdicción de todos los jueces porteños.
Por otra parte, se afirmó como ilegítima la orden de intervención de Cablevisión en la Ciudad de Buenos Aires por parte del juez Bento ya que debía interponerse un magistrado de dicha ciudad Capital para autorizar y supervisar el accionar.
Cabe recordar que la intervención a la sede central de Cablevisión se llevó a cabo a pedido de Supercanal para que el interventor Anzoise disuelva en 60 días la fusión entre Multicanal y la empresa del Grupo Clarín, retrotrayendo la situación a como estaba antes de la unión.
En tal sentido, la causa iniciada por Anzoise contra los empleados y directivos de la compañía de cable era por “amenazas, lesiones y haber desobedecido la orden judicial que lo designaba como co-interventor de dicha empresa”.
En contraposición, el juez Bonadio afirmó que no se pudieron demostrar las amenazas y que no es posible investigar la supuesta desobediencia de Cablevisión ya que eso supondría la existencia de una orden previa que sea legítima.
En el fallo, conocido esta semana, se justifica el archivo de la causa contra empleados y directivos de Cablevisión, los cuales impidieron el acceso del interventor Anzoise a los sistemas clave de la compañía. De esta manera, Bonadio entendió que la resistencia a una orden ilegal no implica desobediencia de la autoridad.
Cabe señalar que, además del pedido del magistrado para que el Consejo de la Magistratura investigue a Bento, dicho juez tiene tres solicitudes de juicio político por su actuación en la causa.
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