Imprimir Enviar Compartir Tamaño Convenios pecuniarios sin mayores controles, altos honorarios profesionales –que superan el tope legal del 20 por ciento– y asignaciones directas a estudios jurídicos. En ese contexto se desarrollan las acciones de la aseguradora provincial Horizonte, que actualmente registra siniestros pendientes por casi 15 millones de pesos.
Distintas razones, como la expansión de la ART, consolidan el auge financiero de la compañía. El escenario permitió el lanzamiento de otra empresa propia para otorgar créditos a los estatales, que representa más primas y más siniestros.
También aumentaron los conflictos, mediaciones, juicios y acuerdos. La firma del Estado rionegrino paga unos dos millones de pesos anuales por pactos extrajudiciales.
Horizonte explica su estrategia: evitar los juicios por las costas judiciales que implican y "la repercusión nociva mientras dura". Para eso se contrataron a abogados, cuyos honorarios promedian el 20 por ciento de los montos totales por caso, aunque en algunos casos llegan al 23 por ciento. La ley provincial 2212 fija –según el artículo 7– que los honorarios "serán fijados entre el 11 y 20 por ciento".
Desde la empresa replican que los apoderados no cobran por Horizonte. Pero no hay controles, entonces nadie puede garantizarlo.
En su informe a la Legislatura, la empresa estatal destacó que "no administra un sistema privado para resolver sus conflictos, ni impone acuerdos o montos", "ni tampoco efectúa regulaciones arancelarias".
Reafirma que su política es "evitar los litigios" judiciales, aplicando la ley de seguros y la de aranceles profesionales. Aclara que el equipo de Horizonte "no percibe honorarios por su actuación judicial", sin perjuicio de su derecho a su regulación para el cumplimiento de la ley 869. En cambio, los abogados contratados por Horizonte "perciben los honorarios que le son regulados sin limitación de ninguna naturaleza y, por lo general, es el mínimo de la escala arancelaria".
Luego, entiende que los acuerdos transaccionales son "significativamente más beneficiosos" porque "evitan el devengamiento de los gastos y costas judiciales".
La sociedad pública sólo reivindica el control de la Superintendencia y, además, considera imposible la intervención de la Fiscalía de Estado. Esa supervisión fue normada por el gobierno pero, ahora, el Tribunal de Cuentas advierte que la aseguradora –por lo menos– debería informar sobre los juicios existentes.
En su análisis del tercer trimestre del 2009, la Superintendencia consigna a la empresa rionegrina con 151 juicios, con una variación de un 16 por ciento. El monto por totales de siniestros pendientes fue de 14,8 millones, con 8,1 millones con trámites administrativos pendientes (55 por ciento), 5 millones con juicios (34 por ciento) y 1,7 millones con mediaciones (11 por ciento). Según trascendió, los convenios
extrajudiciales llegan a los 2 millones por año.
La cartera –que tuvo un fuerte crecimiento– se reparte en un 33 por ciento para "riesgo de trabajo", otro 32 por ciento para "vida colectiva", un 20 por ciento por "automotores" y 7 por ciento por "responsabilidad de civil".
El año pasado, el accionar extrajudicial de Horizonte derivó un pedido de informes de la Legislatura. El objetivo evidenció rápidamente su exclusivo direccionamiento: ventilar la participación política y se desnudó su origen en la interna oficial. Ocurre que el concejal radical y precandidato a intendente cipoleño, Lucas Pica es uno de los apoderados para realizar convenios por Horizonte.
El impulsor del proyecto fue el legislador Fabián Gatti, aliado del vicegobernador Bautista Mendioroz y también precandidato a jefe comunal de Cipolletti.
La pesquisa legislativa no avanzó pero si aportó por la respuesta ofrecida por la aseguradora, que preside Fernando Grandoso.
La empresa explicó que no tiene "un procedimiento reglado para los reclamos extrajudiciales", admitió pautas aunque sólo mencionó "el estricto cumplimiento" de las resoluciones de la Superintendencia de Seguros. Dijo que ese organismo no consignó "observaciones" y, además, tampoco lo hizo el Tribunal de Cuentas, "aconsejándose la foliatura de los expedientes de los siniestros".
En realidad, esa resolución Nº 25 dijo algo más de los juicios. El Tribunal reivindicó el decreto 815 y ratificó que Horizonte "deberá poner en conocimiento de la Fiscalía sobre la nómina de juicios". Esa consigna reafirma que la aseguradora no tiene siquiera una mínima supervisión del Estado provincial.
Horizonte manifiesta que la dinámica de la actividad y las diferentes estructuras "hace materialmente imposible la intervención de la Fiscalía de Estado".
El decreto 815 sólo preveía una supervisión de las empresas públicas, según lo que pretendió el gobernador Miguel Saiz a partir del 2004. Aún así, Horizonte se resistió al control y lo esquivó con la tesis de la existente supervisión de la Superintendencia de Seguros. Esa revisión técnica le sirvió para escurrirse de otras vigilancias.
No hay comentarios:
Publicar un comentario