Con algunos anuncios que beneficiarán a la actividad, pero también con otros que preocupan al menos a una parte del sector, la presidenta Cristina Kirchner les hablará desde su atril a los directivos del mercado asegurador, que recibieron el pedido de agendar para el 22 de este mes un acto oficial que se hará en el Museo del Bicentenario, en Casa de Gobierno. La disposición de seguros obligatorios -como el agrícola-, la exigencia de invertir en la economía real y la mejora de incentivos fiscales para el seguro de vida son algunas de las medidas que posiblemente se escucharán ese día.
Será la Presidenta quien finalmente anunciará lo que fue pensado en el marco del Plan Estratégico del Seguro desde la Superintendencia de Seguros, que dirige Juan Bontempo, con objetivos puestos en 2020: para ese año se prevé que la producción de pólizas alcance el 5% del PBI, más de dos puntos por arriba del nivel actual.
Uno de los temas es la pretendida obligatoriedad de que al menos un 5% de las inversiones de la industria vayan a la economía real, o más exactamente -según afirmaron empresarios consultados- al financiamiento de la obra pública. "Hay una diferencia sobre qué se considera economía real: nosotros creemos que hacemos ese tipo de inversión cuando van fondos a empresas privadas; para el Gobierno, es darle recursos para infraestructura", confió un directivo.
Los datos de la Superintendencia al 30 de junio pasado indican que hay inversiones por $ 67.700 millones, de los cuales el 41% está en títulos del sector público. Así, con la situación actual serían unos $ 3400 millones los recursos a los que se daría destino específico.
La definición de economía real propiciada desde el Gobierno, según los aseguradores, es la misma que aplica en la gestión del fondo de garantía previsional. Antes de la estatización del sistema, el Gobierno había obligado a las AFJP a llevar el 5% de los recursos al ítem definido como "proyectos productivos". Lo que está bajo ese capítulo entre los activos del fondo ahora administrado por la Anses es financiamiento a obra pública.
Un punto de lo que se anunciaría el 22 tiene que ver con el plan ya expresado por la Presidenta de exigir un seguro agrícola a los productores, para cubrirse de contingencias climáticas como sequías o inundaciones. La cobertura sería obligatoria para la zona de la pampa húmeda y, en principio, para el cultivo de cereales y oleaginosas. Por el costo de los contratos, que suele ser alto, en algunos países se hacen con subsidios estatales.
En materia de vida y retiro, las conversaciones con la asociación que agrupa a las aseguradoras que venden esos productos incluyeron varios puntos. Para actualizar los montos deducibles del impuesto a las ganancias, Avira propuso seguir la evolución que tuvo en los últimos años la deducción por hijo a cargo. La cuenta llevaría de $ 996 a algo más de $ 7000 anuales el monto del aporte a un seguro de vida que un trabajador podría descontar de la base de cálculo del tributo. Pero, además, la apuesta es que se restituya la deducción por seguros de retiro, que quedó eliminada cuando se aprobó la última reforma previsional, en 2008.
Para impulsar ese tipo de ahorro de largo plazo, los aseguradores también presentaron su propuesta de un seguro de retiro más flexible, pensado como complemento para la jubilación. Así, a los incentivos fiscales se sumaría la posibilidad de que si existen aportes hechos desde el plan corporativo de una empresa, el fondo acumulado pueda "mudarse" de compañía ante un cambio laboral de la persona. Además, podría fijarse una obligatoriedad de seguro de vida para autónomos.
En vida y retiro la producción anual es de algo más de $ 13.000 millones, y más del 95% de los contratos son en pesos. Ya antes del cepo cambiario hubo una desdolarización forzada, cuando una norma prohibió que las aseguradoras siguieran invirtiendo parte de sus activos en el exterior, una práctica que les permitía calzar inversiones con compromisos.
Además de esa norma sobre inversiones, en los últimos años hubo varias medidas que impactaron en el sector, como la exigencia de que los reaseguros sean tomados en entidades constituidas en la Argentina y la exigencia del seguro ambiental para determinadas industrias.
REFORMA EN PUERTA
El anuncio oficial, que se hará un día después del Día del Seguro -que las empresas celebrarán el jueves 18 en un encuentro al que están convocadas las autoridades del sector-, se sumará al hecho recientemente de la reforma del régimen de riesgos de trabajo, que ya fue votada la semana pasada por el Senado.
Ese proyecto prevé una mejora del piso de las indemnizaciones a cobrar por los trabajadores accidentados, además de disponer el ejercicio de una opción: quien acceda a las prestaciones dinerarias previstas por la ley no podrá ir a la Justicia contra su empleador. Así, se busca dejar sin efecto la doble vía que hoy existe en la práctica y que provocó una creciente litigiosidad. La necesidad de esa reforma surgió de fallos de la Corte Suprema que declararon la inconstitucionalidad de varios artículos de la ley vigente desde 1996.
La ley de seguros generales también sería reformada, entre otros objetivos, para actualizarla según el tipo de contratos que hoy se ofrecen.
NÚMEROS CLAVE
Los cambios que se buscan en la industria del seguro
- 5
Por ciento
Es el porcentaje del PBI que deberá alcanzar la producción de pólizas de seguros en 2020, según el plan estratégico para el sector que impulsa el Gobierno y que será anunciado por la Presidenta en dos semanas
- 67.700
Millones de pesos
Es la cartera total de inversiones al 30 de junio de 2012, de acuerdo con los datos de la Superintendencia de Seguros. De este total, el 41% corresponde a títulos del sector público
- 3400
Millones de pesos
Son los fondos que se deberían destinar a planes de obra pública si entra en vigor la obligatoriedad de que las compañías de seguros canalicen el 5% de sus inversiones a financiar proyectos de infraestructura
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