El Superintendente de Seguros y Reaseguros de Panamá, Luis Della Togna, informó el día 10 que la entidad que dirige presentó una denuncia contra los directivos de la compañía British American Insurance, en proceso de solicitud de quiebra.
Della Togna indicó este jueves a la prensa que tomaron la decisión tras detectarse anomalías en sus balances financieros e insuficiencia en los fondos del patrimonio e inversiones que respaldan los activos de la aseguradora.
El funcionario explicó que bajo su gestión se ordenó una auditoría de la compañía, lo que permitió comprobar que los bonos del Estado que estaban reposando en Panamá fueron trasladados, en 2007, a Caribbean Money Markey Brokers Limited.
Además, posteriormente se detectó que estaban pignorados a favor de terceros, añadió Dell Togna, quien ocupa el cargo desde el primero de julio del 2009.
El superintendente añadió que, a raíz de los resultados, el Consejo Técnico de Seguros autorizó, mediante resolución del 5 de octubre de 2009, la intervención de la aseguradora, nombrando a Ciro Cano como interventor de la empresa.
El funcionario señaló que la medida se tomó para proteger los activos y el patrimonio de los asegurados, evitando que se desviaran otros fondos.
El titular de la Superintendencia informó también que Marcelo de León Peñalba tomó posesión y fue instalado como administrador interino.
La situación de la aseguradora ha generado una airada reacción de clientes de la compañía afectados por la situación, y por compromisos por servicios como el de atención médica que estaban cubiertos.
El Colegio de Abogados de Panamá había estimado ayer miércoles que la quiebra de British American Insurance podría afectar alrededor de 25.000 personas que viven en Panamá. (Xinhua)
lunes, 14 de junio de 2010
CANICOBA PROCESA A MORONI PERO LE APUNTA A ALBERTO FERNÁNDEZ
Sorprendió el procesamiento de Claudio Moroni por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, que dictó el juez federal Rodolfo Canicoba Corral. Se trata de la megacausa del vaciamiento de Sudamérica Compañía de Seguros de Vida S.A. La causa se inició a fines de los 90 y el vaciamiento de varias compañías de seguros estaría conectado a las facilidades para estafar que les habría concedido Alberto Fernández, Superintendente de Seguros desde julio del 89, mientras que Moroni era su gerente general. En el 95, Fernández dejó a Moroni como su sucesor en la Superintendencia. Éste hizo carrera luego como titular de la SIGEN y el ANSES, ya durante la gestión de Alberto F. como jefe de gabinete. De la saga de Fernández-Moroni en el control del mercado asegurador provienen los fraudes millonarios en dólares que cometió -entre otras empresas- LUA, del empresario prebendario Claudio Cirigliano, socio de Kirchner y Mauricio Macri, así como la compañía Omega, de los hermanos Fusito.
La metodología usada
Cuando muchas compañías de seguros empezaron a vaciar su patrimonio vendiendo bienes por decenas de millones de dólares, se produjo una complicidad de la Superintendencia de Seguros para que los quebrantos los pagara otra entidad estatal, en este caso el INDER (Instituto Nacional de Reaseguros), que con el tiempo quebró. También a partir de la gestión Fernández-Moroni el país debe pagar anualmente 500 millones de dólares para obtener el reaseguro en Londres.
Poca gente sabe que existe un INDER residual que sigue pagando deudas de compañías quebradas y que depende del Ministerio de Economía. Durante la presidencia de Néstor Kirchner se entabló una guerra secreta entre Alberto Fernández y Roberto Lavagna. Éste manejaba el INDER residual a través de un hombre de su confianza, Guillermo Sobral Fernández, acusaba entonces al secretario Legal y Técnico de Lavagna, el conocido "ratón" Alberto Pérez y al nombrado Sobral por pagar deudas falsas y cobrar comisiones. En realidad, Alberto F. habría atacado para cubrirse, porque temería que los lavagnistas investigaran las operaciones fraudulentas de la Superintendencia de Seguros durante las presidencias de Menem y de Duhalde, cuando Moroni volvió a la Superintendencia de Seguros.
La megacausa de los seguros estuvo cajoneada durante muchos años por Canicoba Corral, ya que Alberto Fernández era jefe de gabinete y Moroni síndico general y director de la AFIP, entre otros cargos. Desde hace más de cuatro años, el fiscal federal Roberto Osorio pedía el procesamiento de Moroni.
Por todo esto, ahora sorprende la decisión del juez. Fuentes de tribunales sospechan que desde el gobierno nacional -enojado por las críticas de Alberto Fernández- le habría sugerido al juez que reactivara el proceso contra Moroni y su socio Fernández, quien a su vez estaría dispuesto a disparar munición gruesa contra Canicoba Corral.
La conexión Cirigliano-Jaime
Cirigliano, un empresario K dueño de TBA -la concesionaria de trenes que lleva a los pasajeros como ganado-, de Plaza y varias empresas de colectivos más, era también el recaudador de Ricardo Jaime en la caja de los micros. Cirigliano pagaba asimismo los viajes de Jaime en sus vuelos privados, investigación que lleva adelante el juez Oyarbide, y su operatoria fue mencionada detalladamente en el libro "El dueño" de Luis Majul, donde se lo menciona como el empresario que recibió los subsidios más importantes de gasoil, trenes y micros. Y el que puntualmente le retornaría una suma millonaria a Kirchner en persona, desde que Jaime dejó el cargo.
En su libro, Jorge Molina, ex gerente general de Aerolíneas y ex director de relaciones institucionales de TBA, afirmó que los arreglos de Cirigliano con Jaime eran por dinero contante y sonante. Alberto F. permitió los millonarios fraudes de centenares de millones de dólares de la compañía LUA de Cirigliano. Cuando el kirchnerismo llegó al gobierno, Fernández los presentó a Jaime y Cirigliano y ahora la megacausa de los seguros salpica a los dos. Y está en la mira asimismo la larga demora de Canicoba Corral en dictar los procesamientos.
La metodología usada
Cuando muchas compañías de seguros empezaron a vaciar su patrimonio vendiendo bienes por decenas de millones de dólares, se produjo una complicidad de la Superintendencia de Seguros para que los quebrantos los pagara otra entidad estatal, en este caso el INDER (Instituto Nacional de Reaseguros), que con el tiempo quebró. También a partir de la gestión Fernández-Moroni el país debe pagar anualmente 500 millones de dólares para obtener el reaseguro en Londres.
Poca gente sabe que existe un INDER residual que sigue pagando deudas de compañías quebradas y que depende del Ministerio de Economía. Durante la presidencia de Néstor Kirchner se entabló una guerra secreta entre Alberto Fernández y Roberto Lavagna. Éste manejaba el INDER residual a través de un hombre de su confianza, Guillermo Sobral Fernández, acusaba entonces al secretario Legal y Técnico de Lavagna, el conocido "ratón" Alberto Pérez y al nombrado Sobral por pagar deudas falsas y cobrar comisiones. En realidad, Alberto F. habría atacado para cubrirse, porque temería que los lavagnistas investigaran las operaciones fraudulentas de la Superintendencia de Seguros durante las presidencias de Menem y de Duhalde, cuando Moroni volvió a la Superintendencia de Seguros.
La megacausa de los seguros estuvo cajoneada durante muchos años por Canicoba Corral, ya que Alberto Fernández era jefe de gabinete y Moroni síndico general y director de la AFIP, entre otros cargos. Desde hace más de cuatro años, el fiscal federal Roberto Osorio pedía el procesamiento de Moroni.
Por todo esto, ahora sorprende la decisión del juez. Fuentes de tribunales sospechan que desde el gobierno nacional -enojado por las críticas de Alberto Fernández- le habría sugerido al juez que reactivara el proceso contra Moroni y su socio Fernández, quien a su vez estaría dispuesto a disparar munición gruesa contra Canicoba Corral.
La conexión Cirigliano-Jaime
Cirigliano, un empresario K dueño de TBA -la concesionaria de trenes que lleva a los pasajeros como ganado-, de Plaza y varias empresas de colectivos más, era también el recaudador de Ricardo Jaime en la caja de los micros. Cirigliano pagaba asimismo los viajes de Jaime en sus vuelos privados, investigación que lleva adelante el juez Oyarbide, y su operatoria fue mencionada detalladamente en el libro "El dueño" de Luis Majul, donde se lo menciona como el empresario que recibió los subsidios más importantes de gasoil, trenes y micros. Y el que puntualmente le retornaría una suma millonaria a Kirchner en persona, desde que Jaime dejó el cargo.
En su libro, Jorge Molina, ex gerente general de Aerolíneas y ex director de relaciones institucionales de TBA, afirmó que los arreglos de Cirigliano con Jaime eran por dinero contante y sonante. Alberto F. permitió los millonarios fraudes de centenares de millones de dólares de la compañía LUA de Cirigliano. Cuando el kirchnerismo llegó al gobierno, Fernández los presentó a Jaime y Cirigliano y ahora la megacausa de los seguros salpica a los dos. Y está en la mira asimismo la larga demora de Canicoba Corral en dictar los procesamientos.
CANICOBA PROCESA A MORONI PERO LE APUNTA A ALBERTO FERNÁNDEZ
Sorprendió el procesamiento de Claudio Moroni por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, que dictó el juez federal Rodolfo Canicoba Corral. Se trata de la megacausa del vaciamiento de Sudamérica Compañía de Seguros de Vida S.A. La causa se inició a fines de los 90 y el vaciamiento de varias compañías de seguros estaría conectado a las facilidades para estafar que les habría concedido Alberto Fernández, Superintendente de Seguros desde julio del 89, mientras que Moroni era su gerente general. En el 95, Fernández dejó a Moroni como su sucesor en la Superintendencia. Éste hizo carrera luego como titular de la SIGEN y el ANSES, ya durante la gestión de Alberto F. como jefe de gabinete. De la saga de Fernández-Moroni en el control del mercado asegurador provienen los fraudes millonarios en dólares que cometió -entre otras empresas- LUA, del empresario prebendario Claudio Cirigliano, socio de Kirchner y Mauricio Macri, así como la compañía Omega, de los hermanos Fusito.
La metodología usada
Cuando muchas compañías de seguros empezaron a vaciar su patrimonio vendiendo bienes por decenas de millones de dólares, se produjo una complicidad de la Superintendencia de Seguros para que los quebrantos los pagara otra entidad estatal, en este caso el INDER (Instituto Nacional de Reaseguros), que con el tiempo quebró. También a partir de la gestión Fernández-Moroni el país debe pagar anualmente 500 millones de dólares para obtener el reaseguro en Londres.
Poca gente sabe que existe un INDER residual que sigue pagando deudas de compañías quebradas y que depende del Ministerio de Economía. Durante la presidencia de Néstor Kirchner se entabló una guerra secreta entre Alberto Fernández y Roberto Lavagna. Éste manejaba el INDER residual a través de un hombre de su confianza, Guillermo Sobral Fernández, acusaba entonces al secretario Legal y Técnico de Lavagna, el conocido "ratón" Alberto Pérez y al nombrado Sobral por pagar deudas falsas y cobrar comisiones. En realidad, Alberto F. habría atacado para cubrirse, porque temería que los lavagnistas investigaran las operaciones fraudulentas de la Superintendencia de Seguros durante las presidencias de Menem y de Duhalde, cuando Moroni volvió a la Superintendencia de Seguros.
La megacausa de los seguros estuvo cajoneada durante muchos años por Canicoba Corral, ya que Alberto Fernández era jefe de gabinete y Moroni síndico general y director de la AFIP, entre otros cargos. Desde hace más de cuatro años, el fiscal federal Roberto Osorio pedía el procesamiento de Moroni.
Por todo esto, ahora sorprende la decisión del juez. Fuentes de tribunales sospechan que desde el gobierno nacional -enojado por las críticas de Alberto Fernández- le habría sugerido al juez que reactivara el proceso contra Moroni y su socio Fernández, quien a su vez estaría dispuesto a disparar munición gruesa contra Canicoba Corral.
La conexión Cirigliano-Jaime
Cirigliano, un empresario K dueño de TBA -la concesionaria de trenes que lleva a los pasajeros como ganado-, de Plaza y varias empresas de colectivos más, era también el recaudador de Ricardo Jaime en la caja de los micros. Cirigliano pagaba asimismo los viajes de Jaime en sus vuelos privados, investigación que lleva adelante el juez Oyarbide, y su operatoria fue mencionada detalladamente en el libro "El dueño" de Luis Majul, donde se lo menciona como el empresario que recibió los subsidios más importantes de gasoil, trenes y micros. Y el que puntualmente le retornaría una suma millonaria a Kirchner en persona, desde que Jaime dejó el cargo.
En su libro, Jorge Molina, ex gerente general de Aerolíneas y ex director de relaciones institucionales de TBA, afirmó que los arreglos de Cirigliano con Jaime eran por dinero contante y sonante. Alberto F. permitió los millonarios fraudes de centenares de millones de dólares de la compañía LUA de Cirigliano. Cuando el kirchnerismo llegó al gobierno, Fernández los presentó a Jaime y Cirigliano y ahora la megacausa de los seguros salpica a los dos. Y está en la mira asimismo la larga demora de Canicoba Corral en dictar los procesamientos.
La metodología usada
Cuando muchas compañías de seguros empezaron a vaciar su patrimonio vendiendo bienes por decenas de millones de dólares, se produjo una complicidad de la Superintendencia de Seguros para que los quebrantos los pagara otra entidad estatal, en este caso el INDER (Instituto Nacional de Reaseguros), que con el tiempo quebró. También a partir de la gestión Fernández-Moroni el país debe pagar anualmente 500 millones de dólares para obtener el reaseguro en Londres.
Poca gente sabe que existe un INDER residual que sigue pagando deudas de compañías quebradas y que depende del Ministerio de Economía. Durante la presidencia de Néstor Kirchner se entabló una guerra secreta entre Alberto Fernández y Roberto Lavagna. Éste manejaba el INDER residual a través de un hombre de su confianza, Guillermo Sobral Fernández, acusaba entonces al secretario Legal y Técnico de Lavagna, el conocido "ratón" Alberto Pérez y al nombrado Sobral por pagar deudas falsas y cobrar comisiones. En realidad, Alberto F. habría atacado para cubrirse, porque temería que los lavagnistas investigaran las operaciones fraudulentas de la Superintendencia de Seguros durante las presidencias de Menem y de Duhalde, cuando Moroni volvió a la Superintendencia de Seguros.
La megacausa de los seguros estuvo cajoneada durante muchos años por Canicoba Corral, ya que Alberto Fernández era jefe de gabinete y Moroni síndico general y director de la AFIP, entre otros cargos. Desde hace más de cuatro años, el fiscal federal Roberto Osorio pedía el procesamiento de Moroni.
Por todo esto, ahora sorprende la decisión del juez. Fuentes de tribunales sospechan que desde el gobierno nacional -enojado por las críticas de Alberto Fernández- le habría sugerido al juez que reactivara el proceso contra Moroni y su socio Fernández, quien a su vez estaría dispuesto a disparar munición gruesa contra Canicoba Corral.
La conexión Cirigliano-Jaime
Cirigliano, un empresario K dueño de TBA -la concesionaria de trenes que lleva a los pasajeros como ganado-, de Plaza y varias empresas de colectivos más, era también el recaudador de Ricardo Jaime en la caja de los micros. Cirigliano pagaba asimismo los viajes de Jaime en sus vuelos privados, investigación que lleva adelante el juez Oyarbide, y su operatoria fue mencionada detalladamente en el libro "El dueño" de Luis Majul, donde se lo menciona como el empresario que recibió los subsidios más importantes de gasoil, trenes y micros. Y el que puntualmente le retornaría una suma millonaria a Kirchner en persona, desde que Jaime dejó el cargo.
En su libro, Jorge Molina, ex gerente general de Aerolíneas y ex director de relaciones institucionales de TBA, afirmó que los arreglos de Cirigliano con Jaime eran por dinero contante y sonante. Alberto F. permitió los millonarios fraudes de centenares de millones de dólares de la compañía LUA de Cirigliano. Cuando el kirchnerismo llegó al gobierno, Fernández los presentó a Jaime y Cirigliano y ahora la megacausa de los seguros salpica a los dos. Y está en la mira asimismo la larga demora de Canicoba Corral en dictar los procesamientos.
sábado, 12 de junio de 2010
INdeR-Procesos
El juez Sergio Torres procesó a 13 personas -ex funcionarios y empresarios- por administración fraudulenta a raíz del pago irregular de una suma de $ 54 millones que efectuó el Ministerio de Economía a Accolade Pool, un grupo de aseguradoras con vinculación con el croata Ivan Holjevac, empresario denunciado por lavado de dinero, quien también fue procesado.
Esta operación llegó a la Justicia a partir de una denuncia del ex fiscal de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido quien reveló cómo funcionarios del Ministerio de Economía habían avalado y ejecutado el pago en contra de de dos fallos judiciales que habían declarado ilegítimo el reclamo de Accolade Pool.
La maniobra habría sido conducida por Juan Cayetano Intelisano, un contador que manejaba la administración del Ministerio de Economía desde hacía veinte años y poseía una indisimulable fortuna personal.
El escándalo por la causa judicial que se abrió por este caso lo dejó sin trabajo, siendo procesado el pasado viernes el Dr. por Torres. En la misma situación está Yolanda Eggink, ex directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio, quien ya había perdido su puesto por otro pago escandaloso: el que intentó hacerse al grupo Grecco, operación en la cual también está involucrado Intelisano.
Los 54 millones se entregaron a Accolade en diciembre de 2007. La maniobra había sido tan sospechosa que los cuestionamientos por el pago llegaron hasta el despacho del entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández. El ex funcionario mandó entonces a Fabián Musso, el abogado del estudio del Procurador General, Esteban Righi, En su resolución, Torres también procesó a dos ex funcionarios del Instituto Nacional de Reaseguros, el propio Holjevac, los representantes de Accolade, Walter Bonavera, Jorge Enrique Rodríguez, Darío Morresi y Carina Azcano; y además Juan del Azar y Hernán Rodríguez Vagaría, abogados y ex asesores del Ministerio de Economía. Del Azar aparece como el cobrador final del dinero que se perdió en una ruta de financieras y bancos extranjeros.
Todos fueron embargados por sumas millonarias.
ALGUIEN SE ANIMA A PONER LOS NOMBRES???
Esta operación llegó a la Justicia a partir de una denuncia del ex fiscal de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido quien reveló cómo funcionarios del Ministerio de Economía habían avalado y ejecutado el pago en contra de de dos fallos judiciales que habían declarado ilegítimo el reclamo de Accolade Pool.
La maniobra habría sido conducida por Juan Cayetano Intelisano, un contador que manejaba la administración del Ministerio de Economía desde hacía veinte años y poseía una indisimulable fortuna personal.
El escándalo por la causa judicial que se abrió por este caso lo dejó sin trabajo, siendo procesado el pasado viernes el Dr. por Torres. En la misma situación está Yolanda Eggink, ex directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio, quien ya había perdido su puesto por otro pago escandaloso: el que intentó hacerse al grupo Grecco, operación en la cual también está involucrado Intelisano.
Los 54 millones se entregaron a Accolade en diciembre de 2007. La maniobra había sido tan sospechosa que los cuestionamientos por el pago llegaron hasta el despacho del entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández. El ex funcionario mandó entonces a Fabián Musso, el abogado del estudio del Procurador General, Esteban Righi, En su resolución, Torres también procesó a dos ex funcionarios del Instituto Nacional de Reaseguros, el propio Holjevac, los representantes de Accolade, Walter Bonavera, Jorge Enrique Rodríguez, Darío Morresi y Carina Azcano; y además Juan del Azar y Hernán Rodríguez Vagaría, abogados y ex asesores del Ministerio de Economía. Del Azar aparece como el cobrador final del dinero que se perdió en una ruta de financieras y bancos extranjeros.
Todos fueron embargados por sumas millonarias.
ALGUIEN SE ANIMA A PONER LOS NOMBRES???
miércoles, 9 de junio de 2010
Prudential indemnizará a AIG tras renunciar a la compra de AIA
El grupo asegurador británico Prudential ha renunciado a la adquisición de AIA, la filial asiática de seguros de vida de AIG, tras la negativa de la aseguradora estadounidense a renegociar a la baja los términos de la transacción, valorada inicialmente en 35.500 millones de dólares (alrededor de 28.600 millones de euros).
Así, la mayor compañía de seguros de Reino Unido Under deberá abonar a su homóloga estadounidense una indemnización por ruptura de contrato de 152,56 millones de libras (184 millones de euros), lo que eleva hasta prácticamente 450 millones de libras (542 millones de euros) los costes asociados con la fallida transacción, que se hubiera convertido en la mayor operación privada en el sector asegurador.
Así, la mayor compañía de seguros de Reino Unido Under deberá abonar a su homóloga estadounidense una indemnización por ruptura de contrato de 152,56 millones de libras (184 millones de euros), lo que eleva hasta prácticamente 450 millones de libras (542 millones de euros) los costes asociados con la fallida transacción, que se hubiera convertido en la mayor operación privada en el sector asegurador.
Marsh and McLennan venderá Kroll a Altegrity por 1.130 millones de dólares
Por Agencia EFE –
Nueva York, 7 jun (EFE).- La compañía de seguros y servicios profesionales Marsh & McLennan (MMC) acordó la venta de Kroll, su división especializada en consultoría de riesgos, seguridad y tecnología, a la también estadounidense Altegrity, que pagará 1.130 millones de dólares.
Las entidades implicadas informaron hoy de esta operación, que será abonada en efectivo y se espera que esté concluida en septiembre, siempre que reciba el visto bueno de las autoridades de defensa de la competencia.
Con sede en Nueva York, la consultora de riesgos Kroll tiene 3.000 empleados en oficinas de 27 países, donde ofrece sus servicios a despachos de abogados, instituciones financieras, empresas, entidades no lucrativas y agencias públicas.
En España cobró gran relevancia informativa después de que en los noventa el ex director de la Guardia Civil Luis Roldán contratara sus servicios para conocer las actividades de Mario Conde cuando era presidente del Banco Español de Crédito (Banesto).
Con sede en Virginia y unos 8.000 empleados, Altegrity es uno de los principales proveedores comerciales de investigaciones de antecedentes para Gobiernos y es propiedad de Providence Equity Partners, el líder mundial en capital riesgo especializado en inversiones en medios de comunicación y empresas de entretenimiento.
"La combinación de ambas amplía nuestra capacidad para ayudar a los clientes a identificar y gestionar los riesgos mediante la incorporación de una cartera de servicios líder en el sector", dijo en un comunicado el consejero delegado de Altegrity, Michael Cherkasky, quien también presidió Kroll entre 2001 y 2004.
Una vez cerrada la operación, Altegrity tendrá 11.000 empleados en 30 países. Su función es la de ofrecer información útil para tomar decisiones sobre empleo, litigios, inversión, seguridad, riesgos y cuestiones relacionadas con el cumplimiento normativo.
El presidente de Marsh & McLennan (MMC), Brian Duperreault, explicó que la decisión de vender Kroll se debe a que su "nuestra estrategia a largo plazo se centra en servicios de riesgos, seguros y consultoría".
MMC, que ha sido propietaria de Kroll por seis años, cotiza en la Bolsa de Nueva York (donde bajaba un 0,24% antes de que se cumpliera hoy la media sesión), Chicago y Londres, y cuenta con 52.000 empleados y unos 10.000 millones de dólares en ingresos anuales.
Nueva York, 7 jun (EFE).- La compañía de seguros y servicios profesionales Marsh & McLennan (MMC) acordó la venta de Kroll, su división especializada en consultoría de riesgos, seguridad y tecnología, a la también estadounidense Altegrity, que pagará 1.130 millones de dólares.
Las entidades implicadas informaron hoy de esta operación, que será abonada en efectivo y se espera que esté concluida en septiembre, siempre que reciba el visto bueno de las autoridades de defensa de la competencia.
Con sede en Nueva York, la consultora de riesgos Kroll tiene 3.000 empleados en oficinas de 27 países, donde ofrece sus servicios a despachos de abogados, instituciones financieras, empresas, entidades no lucrativas y agencias públicas.
En España cobró gran relevancia informativa después de que en los noventa el ex director de la Guardia Civil Luis Roldán contratara sus servicios para conocer las actividades de Mario Conde cuando era presidente del Banco Español de Crédito (Banesto).
Con sede en Virginia y unos 8.000 empleados, Altegrity es uno de los principales proveedores comerciales de investigaciones de antecedentes para Gobiernos y es propiedad de Providence Equity Partners, el líder mundial en capital riesgo especializado en inversiones en medios de comunicación y empresas de entretenimiento.
"La combinación de ambas amplía nuestra capacidad para ayudar a los clientes a identificar y gestionar los riesgos mediante la incorporación de una cartera de servicios líder en el sector", dijo en un comunicado el consejero delegado de Altegrity, Michael Cherkasky, quien también presidió Kroll entre 2001 y 2004.
Una vez cerrada la operación, Altegrity tendrá 11.000 empleados en 30 países. Su función es la de ofrecer información útil para tomar decisiones sobre empleo, litigios, inversión, seguridad, riesgos y cuestiones relacionadas con el cumplimiento normativo.
El presidente de Marsh & McLennan (MMC), Brian Duperreault, explicó que la decisión de vender Kroll se debe a que su "nuestra estrategia a largo plazo se centra en servicios de riesgos, seguros y consultoría".
MMC, que ha sido propietaria de Kroll por seis años, cotiza en la Bolsa de Nueva York (donde bajaba un 0,24% antes de que se cumpliera hoy la media sesión), Chicago y Londres, y cuenta con 52.000 empleados y unos 10.000 millones de dólares en ingresos anuales.
lunes, 7 de junio de 2010
hoy
todos los entretelones de una cia la que teresa le recahzo el expediente a los 32 dias
y ahora le piden que ponga dos pisos.
y ahora le piden que ponga dos pisos.
Determinan Responsabilidad Concurrente entre un Banco y un Cliente de Tarjeta de Crédito por los Consumos Efectuados Luego de su Extravío
La resolución de primera instancia desestimó la demanda presentada contra el banco Lloyds TSB Bank y Argencard S.A., con el fin de que le fueran reintegradas las sumas que había abonada a dichas entidades, luego de advertir en sus resúmenes ciertos consumos realizados por terceras personas que le habrían sustraído la tarjeta de crédito de su hija, considerando el juez de grado que debido a que el actor efectuó la denuncia por extravío de su tarjeta de crédito al día siguiente al que éste acaeció, los demandados no resultarían responsables por los consumos efectuados con dicha tarjeta con anterioridad a la cero hora del día en que se efectuó la denuncia.
Al apelar dicha sentencia, el actor señaló que los demandados no presentaron ningún elemento de prueba que acreditara los consumos que motivaron los débitos efectuados en su cuenta, sosteniendo que el banco era el que se encontraba en mejores condiciones de acompañar los cupones de compra y el contrato de tarjeta de crédito, mientras que señaló que Argencard S.A. en su carácter de organizadora del sistema debe responder por los perjuicios causados.
En tal sentido, el recurrente señaló que por el sólo hecho de haber efectuado la denuncia con posterioridad al robo de la tarjeta de crédito, no debe hacerse cargo de los consumos efectuados por terceros sin su consentimiento, sino que es el banco el que en virtud de su superioridad técnia y nivel de profesionalismo debe responder.
En la causa “Katz Alberto Claudio c/ Lloyds TSB Bank y otro s/ ordinario”, la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial señaló que dicho tribunal “ha tenido ocasión de pronunciarse respecto de la cláusula que atribuye responsabilidad al usuario de la tarjeta de crédito por consumos efectuados en casos de robo, hurto o extravío, que se hubieran concretado con anterioridad a la cero hora del día en que se formule la pertinente denuncia”, sosteniendo “como principio y sin perjuicio de una valoración en cada caso en particular, tal cláusula implica un beneficio para los usuarios de este medio de crédito, toda vez que efectuada la respectiva denuncia quedan ellos desobligados por los gastos producidos, responsabilizándose al emisor y la administradora”.
Los jueces tuvieron en cuenta que la demandada había recibido del actor el correspondiente trámite de declaraciones juradas respecto de las transacciones no autorizadas y la ratificación de la denuncia del Sistema AC, no habiendo efectuado la demandada ninguna observación sobre el punto al momento en que se había realizado la denuncia y sus alcances respecto de los consumos anteriores, remarcando que tal circunstancia no fue motivo de controversia.
Por otro lado, los magistrados consideraron como otro hecho consistente, que “si bien en la contestación de oficio de Telefónica de Argentina S.A. no se confirmó que el 19 de agosto de 2000 -fecha en que acaeció el siniestro- el actor hubiera comunicado ese acontecimiento a las demandadas, aparecen ciertas llamadas en las que no se "pudo deducir el abonado", determinaron que “el liminar silencio de la accionada y el indicio que se infiere del informe de Telefónica, no parece que quepa trasladar al usuario de la tarjeta de crédito la totalidad de la responsabilidad por los gastos efectuados”.
En base a ello, los magistrados determinaron la existencia de deficiencias en el obrar de ambas partes, debiendo considerarse que el reintegro que se pretende en el escrito inicial encuentra su origen en actuaciones reprochables a ambas, sosteniendo que “i bien recae sobre el tarjeta-habiente el deber de custodiar la tarjeta habilitante, responsabilidad que se extiende hasta la denuncia y ésta debe ser hecha en tiempo oportuno, no cabe soslayar en el caso la silente recepción de la denuncia en el banco, a lo que se añade la superioridad técnica de éste y el deber de obrar con prudencia en la gestión de su operatoria, cometido en el que tuvo que controlar quién efectuaba las compras, absteniéndose de autorizar o aceptar una operación impugnable ver Código Civil, arts. 512, 902 y 909)”.
En la sentencia del pasado 12 de marzo, los camaristas resolvieron que el “reproche compartido implica que las consecuencias dañosas sufridas deben ser asumidas por partes iguales por el actor y los demandados, de manera que estos últimos deberán reintegrar al actor el 50% del monto abonado por él”, en virtud de la imputabilidad concurrente de ambas partes, señalando en relación a la moneda de pago, que “es dable advertir que de acuerdo con lo dispuesto por el decreto 214/02 y la ley 25561 en su artículo 11 modificado por la ley 25820 y concordantes, la suma de dinero adeudada debe transformarse a moneda nacional en la relación $1=u$s1 con más la adición del CER desde el 03.02.02 -fecha de entrada en vigencia del decreto 214/02- según las pautas fijadas por el artículo 4 del citado decreto”.
Al revocar la sentencia de grado, los jueces agregaron que “en el caso que al momento de la liquidación a practicarse de acuerdo con los parámetros indicados precedentemente, el resultado de ésta superase lo pretendido por el actor en su demanda, esto es, la suma reclamada a la paridad un peso igual tres dólares, podrá el deudor cancelar la obligación mediante el pago del importe que arrojen las cuentas referidas en la demanda, por constituir ésta el límite de la pretensión de la actora”.
Con relación a la responsabilidad de Argencard S.A., los magistrados resolvieron que “la responsabilidad que recae sobre el banco demandado también alcanza a la codemandada Argencard S.A. en su condición de organizadora del sistema y por tanto responsable junto con el Lloyds Bank -hoy Banco Patagonia S.A- del perjuicio sufrido por el actor, los que lo deberán asumir por partes iguales”, explicando que “ste tipo de sociedades no constituyen un "mero fabricante o distribuidor de plásticos (...) ajeno a los hechos que se ventilan en autos", sino que, por el contrario, se trata de la organizadora del sistema y parte necesaria en la prestación del servicio que se le ofrece al usuario”.
Al apelar dicha sentencia, el actor señaló que los demandados no presentaron ningún elemento de prueba que acreditara los consumos que motivaron los débitos efectuados en su cuenta, sosteniendo que el banco era el que se encontraba en mejores condiciones de acompañar los cupones de compra y el contrato de tarjeta de crédito, mientras que señaló que Argencard S.A. en su carácter de organizadora del sistema debe responder por los perjuicios causados.
En tal sentido, el recurrente señaló que por el sólo hecho de haber efectuado la denuncia con posterioridad al robo de la tarjeta de crédito, no debe hacerse cargo de los consumos efectuados por terceros sin su consentimiento, sino que es el banco el que en virtud de su superioridad técnia y nivel de profesionalismo debe responder.
En la causa “Katz Alberto Claudio c/ Lloyds TSB Bank y otro s/ ordinario”, la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial señaló que dicho tribunal “ha tenido ocasión de pronunciarse respecto de la cláusula que atribuye responsabilidad al usuario de la tarjeta de crédito por consumos efectuados en casos de robo, hurto o extravío, que se hubieran concretado con anterioridad a la cero hora del día en que se formule la pertinente denuncia”, sosteniendo “como principio y sin perjuicio de una valoración en cada caso en particular, tal cláusula implica un beneficio para los usuarios de este medio de crédito, toda vez que efectuada la respectiva denuncia quedan ellos desobligados por los gastos producidos, responsabilizándose al emisor y la administradora”.
Los jueces tuvieron en cuenta que la demandada había recibido del actor el correspondiente trámite de declaraciones juradas respecto de las transacciones no autorizadas y la ratificación de la denuncia del Sistema AC, no habiendo efectuado la demandada ninguna observación sobre el punto al momento en que se había realizado la denuncia y sus alcances respecto de los consumos anteriores, remarcando que tal circunstancia no fue motivo de controversia.
Por otro lado, los magistrados consideraron como otro hecho consistente, que “si bien en la contestación de oficio de Telefónica de Argentina S.A. no se confirmó que el 19 de agosto de 2000 -fecha en que acaeció el siniestro- el actor hubiera comunicado ese acontecimiento a las demandadas, aparecen ciertas llamadas en las que no se "pudo deducir el abonado", determinaron que “el liminar silencio de la accionada y el indicio que se infiere del informe de Telefónica, no parece que quepa trasladar al usuario de la tarjeta de crédito la totalidad de la responsabilidad por los gastos efectuados”.
En base a ello, los magistrados determinaron la existencia de deficiencias en el obrar de ambas partes, debiendo considerarse que el reintegro que se pretende en el escrito inicial encuentra su origen en actuaciones reprochables a ambas, sosteniendo que “i bien recae sobre el tarjeta-habiente el deber de custodiar la tarjeta habilitante, responsabilidad que se extiende hasta la denuncia y ésta debe ser hecha en tiempo oportuno, no cabe soslayar en el caso la silente recepción de la denuncia en el banco, a lo que se añade la superioridad técnica de éste y el deber de obrar con prudencia en la gestión de su operatoria, cometido en el que tuvo que controlar quién efectuaba las compras, absteniéndose de autorizar o aceptar una operación impugnable ver Código Civil, arts. 512, 902 y 909)”.
En la sentencia del pasado 12 de marzo, los camaristas resolvieron que el “reproche compartido implica que las consecuencias dañosas sufridas deben ser asumidas por partes iguales por el actor y los demandados, de manera que estos últimos deberán reintegrar al actor el 50% del monto abonado por él”, en virtud de la imputabilidad concurrente de ambas partes, señalando en relación a la moneda de pago, que “es dable advertir que de acuerdo con lo dispuesto por el decreto 214/02 y la ley 25561 en su artículo 11 modificado por la ley 25820 y concordantes, la suma de dinero adeudada debe transformarse a moneda nacional en la relación $1=u$s1 con más la adición del CER desde el 03.02.02 -fecha de entrada en vigencia del decreto 214/02- según las pautas fijadas por el artículo 4 del citado decreto”.
Al revocar la sentencia de grado, los jueces agregaron que “en el caso que al momento de la liquidación a practicarse de acuerdo con los parámetros indicados precedentemente, el resultado de ésta superase lo pretendido por el actor en su demanda, esto es, la suma reclamada a la paridad un peso igual tres dólares, podrá el deudor cancelar la obligación mediante el pago del importe que arrojen las cuentas referidas en la demanda, por constituir ésta el límite de la pretensión de la actora”.
Con relación a la responsabilidad de Argencard S.A., los magistrados resolvieron que “la responsabilidad que recae sobre el banco demandado también alcanza a la codemandada Argencard S.A. en su condición de organizadora del sistema y por tanto responsable junto con el Lloyds Bank -hoy Banco Patagonia S.A- del perjuicio sufrido por el actor, los que lo deberán asumir por partes iguales”, explicando que “ste tipo de sociedades no constituyen un "mero fabricante o distribuidor de plásticos (...) ajeno a los hechos que se ventilan en autos", sino que, por el contrario, se trata de la organizadora del sistema y parte necesaria en la prestación del servicio que se le ofrece al usuario”.
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